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Una nueva oportunidad para los “DREAMERS”

LOS ÁNGELES – Yunuen Bonaparte tiene 27 años y no puede planear su futuro. Me lo dice con mirada resignada mientras mueve una cucharita en su taza de té. Si obtiene un empleo, si recibe financiamiento para ir a la escuela, si alquila un lugar donde vivir, no sabe cuánto le durará el gusto: el presidente de Estados Unidos puede hacer de un plumazo que todo eso sea ilegal. Y, después de eso, con un golpe en la puerta, un agente de inmigración podría detenerla e iniciar un proceso de deportación en su contra. “Cada día tengo que pensar dónde voy a estar en los próximos meses. Cuando iba a la escuela mis compañeras me decían: ‘Mi mamá dice que puedo hacer lo que yo quiera en la vida’. Para mí siempre ha sido diferente”.

El 21 de julio el senador demócrata Richard Durbin presentó ante el congreso estadounidense una nueva versión del DREAM Act, la propuesta de ley que podría regularizar la situación de más de un millón y medio de jóvenes inmigrantes como Yunuen, conocidos como dreamers. Son chicos que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad; han crecido y se han educado en la cultura estadounidense y, al llegar a la edad adulta, se han visto privados del acceso a un empleo, a la educación superior o de recibir servicios públicos porque carecen de un número de seguridad social al que solo tienen derecho los ciudadanos, residentes permanentes o residentes con ciertos tipos de visas. La etiqueta para ellos: ilegal. La consigna: “Go back to your country”. A un país que la mayoría no recuerda.

Desde 2001 se han presentado cinco versiones diferentes de la propuesta y siempre ha sido rechazada. Por esta razón, en 2012 el presidente Barack Obama anunció la acción ejecutiva conocida como DACA, que da protección temporal a jóvenes como Yunuen a través de un número de seguridad social temporal que les permite continuar con su vida, pero que no les da residencia permanente y puede echarse para atrás con otra acción ejecutiva del presidente en turno. Durante su campaña por la presidencia, Donald Trump dijo que lo haría. La amenaza mantiene en un limbo a casi 800 mil jóvenes registrados en el programa, que este 15 de agosto cumple cinco años de haber entrado en vigor.

Paradójicamente, es en la administración del propio Trump que se ha vuelto a abrir una ventana para el DREAM Act. La nueva propuesta[2], firmada también por el republicano Lindsey Graham, conserva el espíritu de la primera versión pero es más generosa en otros aspectos. Las personas que llegaron al país siendo menores de 18 años –antes el límite era 15– y que han vivido aquí de manera continua al menos cuatro años –antes era cinco– podrán ser beneficiarios cuando completen dos años de educación superior o de servicio en las fuerzas armadas, o cuando hayan estado empleados por al menos tres años. Esta última previsión es nueva y da una oportunidad a quienes no quieren o no pueden ir a la universidad. Otro cambio importante es que no establece un límite en la edad actual del solicitante. Cumpliendo estos requisitos, los beneficiarios pueden recibir una residencia legal en el país hasta por ocho años, con opción para acceder a la ciudadanía.

La aprobación del DREAM Act en estos términos no es una concesión hacia estos jóvenes, sino una deuda de la sociedad estadounidense con ellos. La migración de sus familias suele ser una decisión en la que ellos no han tomado parte y de la cual no son responsables. Inician una vida de cero, aprenden el idioma y la cultura, van a la escuela como cualquier otro chico estadounidense. Son estadounidenses de facto y no tienen un delito por el cual se les deba perseguir: la jurisprudencia sobre el tema reconoce que los niños que han venido al país sin documentos no lo han hecho por su voluntad, por lo cual no son responsables de su estatus migratorio; esta es la razón por la que pueden recibir educación gratuita hasta la preparatoria. El DREAM Act, además de ser un acto de justicia social, resolvería un hoyo negro legislativo que no dice qué hacer con ellos una vez que se gradúan.

Lo anterior puede servir como argumento moral, pero existen también argumentos económicos sólidos que hacen que, aunque parezca necio impulsar una nueva versión del DREAM Act cuando el Partido Republicano tiene el control del congreso, la defensa de la iniciativa tenga mayor sustento en esta ocasión.

En años anteriores, cuando la ley fue discutida, sus defensores planteaban el beneficio económico del DREAM Act en términos hipotéticos: si se aprobara, la incorporación de sus beneficiarios al aparato productivo formal representaría un ingreso significativo para el país. Sin embargo, durante los más de cuatro años que los dreamershan estado protegidos por DACA –es decir, que han accedido a apoyos financieros para ir a la universidad y que han trabajado de manera legal– los resultados son tangibles en términos académicos, de empleo y de recaudación fiscal.

En octubre de 2016, a unos días de la elección presidencial, el Center for American Progress, un centro dedicado a la investigación sobre políticas públicas, realizó un estudio sobre los cuatro primeros años de DACA. De los 750.000 jóvenes que han recibido la protección del programa –el 77 por ciento de ellos mexicanos–, un 95 por ciento trabajan o estudian en la actualidad, o hacen ambas cosas. En el caso de quienes trabajan, seis de cada diez dijo haberse movido a un mejor empleo y que el salario promedio que perciben se incrementó en 42 por ciento, lo cual significa que aumentó la cantidad de impuestos que pagan. Seis por ciento se convirtieron en pequeños empresarios y están a su vez generando empleo.

A la izquierda, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, durante una conferencia de prensa con el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, en el que presentaron la propuesta para el DREAM Act. Credit Jim Lo Scalzo/European Pressphoto Agency

En junio, los procuradores de diez estados republicanos, liderados por el de Texas, Ken Paxton, enviaron una carta al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con una amenaza abierta: si para el 5 de septiembre Trump no desmantela DACA, los procuradores buscarán bloquear el programa ante una corte federal. En julio, en una misiva de respuesta, los procuradores de otros 19 estados y el Distrito de Columbia pidieron al presidente refrendar el programa debido a que su revocación afectaría no solo a los jóvenes, sino a sus empleadores, universidades, familias y a la economía del país.

Mientras continúa el jaloneo político, el apoyo público para los dreamers se mantiene. En una encuesta, el 78 por ciento de los votantes estadounidenses, incluido el 73 por ciento de quienes votaron por Trump, dijo estar de acuerdo con darles la oportunidad de quedarse en el país. Solo 14 por ciento considera que deben ser deportados.

Durante su presentación de la iniciativa, en un llamado desesperado al Partido Republicano, el senador Lindsey Graham cuestionó a sus colegas. “¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? El momento de dar la cara se acerca. Cuando se escriba la historia de estos tiempos, yo voy a estar del lado de estos chicos”, dijo.

La vía para regularizar a los dreamers debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y se debe evaluar más allá de las pugnas de partido. Un “aliado” para ello podría ser el jefe de personal de Trump, John Kelly, quien a pesar de ser partidario de impulsar medidas migratorias más restrictivas, en su cargo previo como secretario de Seguridad Nacional pidió a los congresistas buscar una solución legislativa al asunto de los dreamers. Es posible que la permanencia de DACA o la aprobación del DREAM Act en el congreso sean utilizadas como elemento de negociación por parte del gobierno, o del Partido Republicano, para apretar las tuercas en otros aspectos de las leyes de inmigración.

Una acción ejecutiva como DACA es solo una curita para una herida mayor. Estados Unidos necesita con urgencia una reforma migratoria integral que reconozca la realidad de la economía estadounidense, la necesidad de mano de obra inmigrante y la urgencia de proteger los derechos de esta población. Pero mientras eso ocurre, los dreamers merecen ser vistos con la lente de la justicia social, no como los rehenes políticos que han sido hasta ahora.

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